LOS SERVICIOS URBANOS EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Los viejos del sector siempre solían decir “en el mundo de los residuos lo más limpio es la basura”, recordando la conocida apertura de plicas del servicio de recogida de basuras de Chicago en los años treinta, con un buen número de padrinos de la mafia como licitadores, bien arropados por sus guardaespaldas, porque no querían hablar de lo mucho que pasaba en España.  En el 2.014 ya son muy extraños los casos de corrupción vinculados a los servicios de aseo urbano, pero no en otros muchos países menos desarrollados.  Parece entonces que todo lo que pasa en este campo en España es legal.  Bien, juzguen ustedes.

En el 99% de los concursos de recogida de basuras y limpieza viaria que se licitan en España, se oferta un número de puestos de trabajo, un número y tipo de vehículos a comprar, unas horas de trabajo de cada uno de estos equipos y unas determinadas instalaciones o parque de maquinaria.  El coste de todo ello, junto con los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA, definen el importe de la factura que deben pagar los ayuntamientos.  Es decir, los ayuntamientos pagan por un número de recursos que van a trabajar.  Lo curioso comienza cuando la factura de enero es exactamente igual a la de febrero, y a la de marzo, y a la de abril, …, y a la de diciembre.  Que pulcritud de empresa, siempre tiene todos los medios humanos y materiales ofertados desarrollando su trabajo, nunca falla nada,  o ¿será que quien tiene que dar el visto bueno a la factura no tiene ni idea de qué es lo que pasa?  Algo de esto hay.

¿Los técnicos municipales no se enteran de nada?  Pero cómo lo van a poder hacer si no tienen prácticamente a nadie que pueda salir a la calle ni tan siquiera a constatar que se han vaciado los contenedores.  A esto se puede contraponer que en la era de la información hay contenedores en los que se puede verificar en que segundo se han recogido y cuánto pesaban los residuos contenidos, barredoras y barrenderos con dispositivos gps que permiten constatar hasta en qué lado de la calle están trabajando, software de análisis que comprueba en segundos millones de datos para constatar si lo realizado coincide con lo ofertado, pero ¿Se les niega la tecnología? NO, pero sí la disponibilidad de los mínimos recursos humanos necesarios para usarla.  Facturas de centenares de millones de euros y no es posible disponer de tres o cuatro personas para que con todas las herramientas disponibles puedan afirmar si se paga por lo realmente realizado.  O lo que se hace en otros casos, externalizar esta labor de control. En el mercado ya hay empresas que pueden desarrollar perfectamente ese trabajo.  Lo que resulta inasumible es que se siga pagando por unos recursos humanos y materiales de los que no se sabe si están desarrollando su trabajo.  Expuesta esta situación ante un juez creo que todo el mundo sabe como la calificaría. 

No hay que esperar a que se produzca el escándalo para tomar medias.  La metodología y la tecnología existen, usémoslas.  Si ha habido un importante esfuerzo político para implantar el equipamiento de control, complétese con la posibilidad de utilizarle.